Venezuela, 26 de abril de 2021. Desde el 1 de mayo, las ONG que están en Venezuela deberán registrarse ante la la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. La nueva Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados establece que tendrán que aportar los nombres de sus integrantes, sus fuentes de financiamiento y movimientos bancarios y una lista de sus organizaciones asociadas.
663 Organizaciones de la sociedad civil suscribieron un pronunciamiento para rechazar la nueva Providencia Administrativa, publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 del 30 de marzo de 2021, “por constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano”.
Según las ONG firmantes, la mencionada providencia tiene el objetivo de vigilar y supervisar información relacionada a las actas constitutivas y de asambleas, miembros y personal, lista de donantes, movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajan. “Bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por una ley especial”.
El comunicado resalta que se obliga a las ONG a revelar información personal que puede poner en peligro las vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia de sus trabajadores, violando sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad. Asimismo, viola el derecho humano a la libertad de asociación y viola los principios de presunción de inocencia y de legalidad.
“Esta providencia se inscribe en los patrones de criminalización sistemáticos contra las organizaciones de la sociedad civil, intensificados durante el último año y sin duda representa el evento de mayor gravedad que se haya visto hasta ahora, con el claro propósito de cerrar el espacio cívico, mediante un cerco de severas restricciones a la sociedad civil para continuar defendiendo los derechos y prestando la debida asistencia y la protección a la población venezolana”.