Guatemala, 8 de enero del 2021. Fundamedios se adhiere a las más de 50 organizaciones de Derechos Humanos, medios de comunicación e individuos que hacen un llamado a las autoridades guatemaltecas a retirar todos los cargos pendientes contra la periodista radial indígena Anastasia Mejía Tiriquiz. El documento firmado por todas las organizaciones señala las desproporcionadas acusaciones y el errático proceso judicial encaminado hacia la intimidación de periodistas comunitarios.
La periodista indígena, directora de la emisora Xol Abaj Radio y de Xol Abaj TV, fue detenida el 22 de septiembre de 2020 por la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil en el Municipio de Joyabaj. Los delitos con los que se acusa a Mejía son: sedición, incendio agravado, robo agravado y atentado con agravaciones específicas. La orden de captura la emitió Elizabeth Pérez Cabrera, Jueza de Primera Instancia Penal de Quiché.
Mejía fue detenida por haber participado en la protesta del 24 de agosto en contra del alcalde local y tuvo prisión preventiva durante 5 semanas hasta la espera del juicio. Ella habría sido llevada al Centro Preventivo para Mujeres del departamento de Quetzaltenango gracias a una orden de aprehensión que no presentó justificación de los motivos de la detención.
Es reconocida en el Municipio por ejercer periodismo comunitario, haber realizado múltiples denuncias de casos de corrupción, dar cobertura a movilizaciones sociales de la localidad, ser crítica del actual alcalde y evidenciar la criminalización que sufren líderes comunitarios y autoridades de los pueblos indígenas que defienden el territorio y los recursos naturales.
Mejía había presentado en 2017 una solicitud de antejuicio en contra del alcalde Francisco Carrascosa Gámez. Por lo que se considera como un intento de represalia la presión judicial ejercida en su contra. Además, Mejía denunció la existencia de alimentos no distribuidos en la edificación municipal mientras sucedía el saqueo y la irrupción violenta al lugar un mes antes de su detención. El Ministerio Público señaló a la periodista de ser una de las promotoras de los disturbios.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró inadmisible la dilación al proceso judicial contra Mejía en el mes de octubre de 2020. La misma observó con preocupación las dilaciones y reprogramaciones que se dieron en el caso y recibió información de que su detención estaría relacionada con la cobertura de manifestaciones contra Carrascosa, alcalde del Municipio de Joyabaj. La movilización sucedió en consecuencia al favoritismo en la entrega de ayudas económicas durante la pandemia por el COVID-19 y malversación de alimentos que debieron ser destinados a los más afectados.
La misma oficina señaló que la detención de Mejía es un indicio de ataques a la libertad de expresión y derechos relacionados al ejercicio periodístico por parte de las autoridades de gobierno, dando un efecto intimidatorio o de autocensura al resto de comunicadores que sean críticos en temas de interés público.
La CIDH, mediante el caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros respecto de Guatemala, informó que el uso de figuras penales contra los operantes de medios de comunicación comunitarios constituye una forma de censura y violación a la libertad de expresión de los diferentes pueblos indígenas. La comunicadora pertenece al pueblo maya nativo de Guatemala “k’iche”.
Los comunicados completos los puedes descargar aquí en inglés y español.