México, 4 de marzo de 2021. Varios periodistas de Quintana Roo están siendo amenazados e intimidados por una disputa de los cárteles más peligrosos de la localidad. Los cárteles de Jalisco y Sinaloa se disputas los espacios de turismo en la costa de Quintana Roo, como lo son los distintos hoteles y lugares de distracción.
Reymundo Gómez, periodista independiente comunicó de las distintas amenazas que esta recibiendo por publicar o no publicar información relacionada a las muertes violentas de los últimos días. Mientras se daba una disputa entre carteles por la plaza, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación intimidan a periodistas para que publique información sobre la banda rival.
En uno de los mensajes, el miembro de la banda delincuencial escribe a Gómez “Soy el comandante “Chayán” del grupo de los “Aparceros”, “Saca que lo del enmalatado lo hicieron los de Sinaloa parcero” y “si no aceptas te matamos”. Se reconoció, por parte de las autoridades, que el comandante Chayán es una de las cabecillas del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El periodista Gómez informó a Televisa News que hace poco le había llegado mensajes de que publique los rostros de personas importantes en los otros carteles y así perjudicar de alguna forma a su actividad delincuencial. Otro periodista que decidió no revelar su identidad mencionó que se estaba utilizando al periodista como mensajero del crimen organizado. Inclusive agregó que en varias ocasiones le amenazaron “de plata o plomo”.
Leopoldo Maldonado, perteneciente a la organización internacional Artículo 19 indicó que había llegado mucha intimidación desde los medios digitales como WhatsApp y Facebook para los periodistas. Por su parte, Jorge Ruiz desde la Secretaría de Gobernación comunicó que las amenazas van desde agresiones verbales hasta física para condicionar contenidos que se puedan difundir o ya difundidos.
La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional en Nicaragua aprobó en el 2020 la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelito. Estas normas han provocado en los últimos meses el cierre de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y han sido criticadas dentro y fuera del país por atacar la libertad de expresión y asociación.