Nicaragua, 8 de febrero de 2021. El régimen totalitario de Daniel Ortega continúa en su arremetida contra la libertad de expresión en Nicaragua. Esta tarde, el periodista deportivo Miguel Mendoza Urbina fue declarado culpable por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”, establecido en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
El 16 de febrero se dará lectura de la sentencia: la Fiscalía de Nicaragua solicitó 9 años de prisión en contra del comunicador quien fue detenido de manera arbitraria el 21 de junio de 2021 por la Policía de Daniel Ortega.
El periodista fue detenido arbitrariamente e investigado por “realizar actos que menoscaban la independencia la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la Nación”.
Fundamedios condena este atentado contra la libertad de expresión, así como la vulneración de los más elementales Derechos Humanos de los presos políticos detenidos arbitrariamente, sometidos a tortura, tratos degradantes y privados de procesos justos. Fundamedios exige al Gobierno de Nicaragua la inmediata liberación del periodista Miguel Mendoza y los demás presos políticos.
Más víctimas…
El Régimen de Deniel Ortega ha utilizado un cóctel de leyes represivas para atacar las libertades. El periodista nicaragüense Miguel Mora, fundador del medio de comunicación 100% Noticias -incautado por el Gobierno- y quien ya estuvo detenido por 6 meses en 2019 y fue detenido el 20 de junio de 2021, fue una de las víctimas de esta persecución política. Durante el juicio, desarrollado el 4 de febrero, fue sentenciado por el delito de ‘menoscabo a la integridad nacional’, establecido en la denominada ‘Ley de Soberanía’. La Fiscalía pidió 15 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos a Mora.
Donald Alvarenga, de Chichigalpa, fue detenido arbitrariamente el 6 de noviembre de 2021, un día antes de las elecciones presidenciales de Nicaragua. En el juicio, según el Diario La Prensa, 7 oficiales de la Policía declararon en contra del opositor. Según el expediente, la víctima había sido objeto de espionaje y vigilancia desde 2019.
Según Confidencial de Nicaragua, Alvarenga fue condenado “por delito de menoscabo a la integridad nacional (conspiración) y por delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación” en redes sociales.
Douglas Cerros, de Nueva Segovia, fue detenido arbitrariamente el 6 de noviembre de 2021. En el juicio, el testigo en contra de Cerros fue el Ministerio Público, quien señaló que el opositor había sido identificado desde el 2019, e incurrido en acciones de “menoscabo a la integridad nacional y la desestabilización de la paz social” en redes sociales.
El activista opositor Yader Parajón fue detenido en septiembre de 2021, tras participar en las protestas contra el régimen en 2018, donde su hermano fue asesinado por un francotirador. El orteguismo le ha declarado culpable y se estima que su condena sea de entre 10 y 15 años, según lo estipulado por la normativa pertinente.
El disidente Yaser Vado fue detenido el 6 de noviembre de 2021. Ha sido declarado culpable por conspiración, al amparo de la Ley que castiga con penas de hasta 15 años a quienes atentan contra la seguridad del país, promueven la injerencia extranjera y las sanciones internacionales.
La defensora de Derechos Humanos y cabeza del Movimiento Renovador Sandinista, Ana Margarita Vijil, fue detenida por la dictadura el 13 de junio de 2021. Es la primera dirigente política en recibir una sentencia por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», bajo la ‘Ley de Soberanía’. Se espera que su castigo vaya entre el rango de 10 a 15 años de prisión, según lo tipificado por la ley.
La historiadora y fundadora del partido Movimiento Renovador Sandinista, Dora María Téllez, fue detenida por el régimen de Ortega, el 13 de junio de 2021 en su casa. Durante el juicio, a puerta cerrada, fue declarada culpable por el supuesto delito de «conspiración para cometer actos en menoscabo de la integridad nacional» y la Fiscalía pide 15 años de cárcel.
El estudiante y fundador de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Lesther Alemán, fue detenido el 5 de julio de 2021 en su casa. El joven fue declarado culpable por el supuesto delito de «conspiración para cometer actos en menoscabo de la integridad nacional» y la Fiscalía pide 15 años de cárcel.
El contador y docente Alexis Peralta fue detenido el 6 de noviembre en su vivienda. El ciudadano fue encarcelado por el supuesto delito de “propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación”.
La diputada dirigente del Movimiento Liberal y esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, fue sometida a arresto domiciliario desde el 21 de junio de 2021. En la prisión de Chipote fue declarada culpable por el delito de conspiración. La Fiscalía pidió ocho años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
A esta lista, podrían seguirse sumando nombres de opositores criminalizados por la dictadura Orteguista.
Un nefasto antecedente
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en octubre de 2020 la ‘Ley Especial de Ciberdelitos’. En diciembre de 2020, se aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, conocida como ‘Ley de Soberanía’. Esta fue promulgada con el discurso de defender «los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz». En estas leyes se tipifican varios delitos con los cuales se empezó a encarcelar a los detractores, que en la actualidad están siendo sentenciados. Lo más grave de este panorama es que se utiliza la ley como herramienta para cometer atentados contra principios humanos básicos.