El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó un pago de $13 millones al diario El Nacional para Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, por daños morales y difamación.
Cabello demandó al medio de comunicación en agosto de 2015 por replicar un reportaje realizado por el diario ABC de España en el que, con el testimonio de Leamsy Salazar, exescolta del dirigente político, lo señalaba de estar vinculado con negocios de narcotráfico.
La sentencia emitida el 16 de abril de 2021 señala que el caso que involucra a El Nacional “se trata del desprecio público que se generó en contra de la persona difamada, que lo afectó en su esfera personal y familiar, así como, en frente de su entorno social en general, viéndose sometido al escarnio público sin justificación alguna. Lo que hace que esta Sala de Casación Civil lo califique como un daño moral gravísimo”.
El documento agrega que: “es claro establecer que no hubo intencionalidad de la víctima, ni está tuvo alguna conducta que generara las noticias difamatorias publicadas por la demandada”.
En un mensaje a la opinión pública del 17 de abril de 2021, El Nacional y su presidente editor, Miguel Henrique Otero, rechazan la persecución política y judicial en contra de los accionistas, directivos y trabajadores por parte de Diosdado Cabello. “Amparándose ilegítimamente en un caso de daños morales pretende aplicar una especie de derecho del enemigo en contra de los medios de comunicación, y en este caso con la aviesa intención de perpetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación”, explica el comunicado.
El medio reitera que jamás en su línea editorial ha tenido como propósito difamar a ninguna persona y que en varias ocasiones los periodistas ofrecieron un derecho a la réplica a Cabello pero siempre fue rechazado. “Era evidente que lo que se pretendía desde un principio era terminar asaltando el medio que no pudieron controlar”, sostiene el medio.
El Nacional cuestiona la falta de independencia judicial y denuncia no haber sido escuchado en los procesos penales o civiles ordenados por Cabello. Adicionalmente, el medio indica que desconoce cómo se determinó el pago de $13 millones. En su comunicado manifiesta que “se trata de una jurisprudencia nueva que pasa a ser un exabrupto jurídico nunca antes aplicada y hecha a medida del régimen para atacar al diario El Nacional. Por lo tanto, no es posible deducir cómo los jueces concluyeron semejante monto a pagar”.
La Sala de Casación ordenó remitir el expediente al Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para que cumpla con lo ordenado en el fallo, explica El Nacional.
Recibido el expediente, el tribunal deberá notificar a las partes y proceder a la ejecución del fallo de primera instancia, fijando un lapso prudencial para la ejecución voluntaria. De no darse cumplimiento a la misma, se decretará de forma oportuna, la ejecución forzosa de la misma.
En diciembre de 2019 Cabello aseguró que sería dueño del periódico y que convertiría la sede en una universidad de la comunicación. “El Nacional tiene un edificio sede extraordinario para una universidad. Apenas tenga la sentencia, me dicen dónde firmar para entregar el edificio para la Universidad Internacional de la Comunicación que anunció nuestro presidente Nicolás Maduro”, dijo ese año.
La relatoría de la Libertad de Expresión de Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que: “La reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona. Las bases de esta doctrina se encuentran en la necesidad de la libertad de expresión e información para la existencia de una sociedad democrática. Dentro de un sistema democrático, el debate debe ser fluido y amplio. La publicidad de la información proveída por terceros no debe verse restringida por la amenaza de responsabilidad al informador simplemente por reproducir lo manifestado por otro. Esto implica una restricción innecesaria que limita el derecho de las personas a estar informadas”.
El director del diario, Miguel Henrique Otero, aseguró en una entrevista a NTN24 que El Nacional continuará informando. «Yo no creo que El Nacional vaya a desaparecer, es una web. Desaparecerán las instalaciones, las rotativas, pero nosotros seguiremos informando (…) regresará la libertad de expresión y El Nacional se levantará como el ave fénix», enfatizó Otero.