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Viernes 12 de mayo de 2023· El Poder Judicial de Nicaragua tomó una medida drástica contra la libertad de expresión y la defensa de los Derechos Humanos en ese país, al anular de manera «definitiva» los títulos de 26 abogados críticos del Gobierno de Daniel Ortega. Entre los afectados se encuentran destacados juristas, como Vilma Núñez y Yonarqui Martínez, quienes han defendido a opositores presos y siguen trabajando en el país.
Esta es la segunda vez en tan sólo tres días que se toma una medida tan drástica, como consecuencia de la crisis sociopolítica que afecta al país desde hace cinco años.
La primera de estas suspensiones se conoció este miércoles 10 de mayo y correspondía, precisamente, a Yonarqui Martínez, tal como consta en la alerta que emitimos por uso abusivo del poder estatal.
La CSJ emitió esta resolución contra 25 juristas adicionales la noche del jueves 12 de mayo. En el texto de la sentencia de la Corte se indica que estos abogados fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense hace tres meses, y de ellos, 15 fueron detenidos, declarados “apátridas”, expropiados de sus bienes en Nicaragua y, posteriormente, deportados del país junto a otros 222 opositores el pasado 9 de febrero, con destino a Estados Unidos.
A los 26 juristas, en total, se les dio un plazo de 24 horas para entregar sus protocolos y sellos que los acreditaban para trabajar. Según la Corte Suprema de Justicia, estas personas no pueden ejercer como abogados ni notarios públicos debido a que —con excepción de la abogada Yoarki Martínez— perdieron la nacionalidad nicaragüense y, por lo tanto, el derecho a ejercer su profesión.
Según un reporte de Associated Press (AP), la lista de los 26 abogados «ilegalizados» incluye a destacadas figuras, como el escritor Sergio Ramírez, exiliado en España; los defensores de Derechos Humanos Gonzalo Carrión y Álvaro Leiva, exiliados en Costa Rica; así como a Uriel Pineda y Mónica López Baltodano, exiliados en México. También se encuentran la lista de «presos políticos» que han sido excarcelados, como Ana Margarita Vijil, José Pallais, María Oviedo, Roger Reyes, Hugo Rodríguez y Edgard Parrales, quien fue embajador sandinista ante la OEA durante el primer gobierno de Ortega en la década de 1980.
Entre los afectados, agrega AP, también se encuentran excolaboradores de Ortega, como Rafael Solís Cerda, quien renunció a su cargo de magistrado vicepresidente de la CSJ y huyó de Nicaragua en 2019, y tres exfuncionarios del Poder Judicial que fueron detenidos y deportados en febrero. También figura el exmilitar sandinista Marlon Sáenz (alias ‘Chino Enoc’), quien fue detenido y deportado por sus críticas a la vicepresidenta Rosario Murillo en las redes sociales.
La lista incluye a la abogada Núñez, de 84 años, quien fundó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), organización que se ha destacado por su defensa de los «presos políticos» después de las protestas sociales en Nicaragua en 2018. Desafortunadamente, el presidente Ortega ha tomado medidas en su contra, quitándole su nacionalidad, congelando sus cuentas bancarias y cancelando su pensión de vejez.
La abogada Martínez, quien también ha representado a decenas de opositores detenidos, criticó la medida en su cuenta de Twitter, resaltando que «años de estudio y experiencia profesional no se borran con una circular de un órgano cómplice del Ejecutivo en violaciones de DDHH». Además, calificó la resolución judicial como «un acto de cobardía, al no poder callar una voz» que defiende los Derechos Humanos.
Desde 2018, Nicaragua ha estado en medio de una crisis política grave después de que el Gobierno de Ortega reprimiera violentamente las protestas sociales, resultando en 355 muertes, más de 2.000 heridos, miles de detenidos y más de 100.000 exiliados, según informes de organizaciones humanitarias.
En los últimos años, la situación se ha agravado aún más, con la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo, después de encarcelar a sus principales rivales políticos.
Además, el Gobierno ha cerrado más de 3.000 oenegés y unos 50 medios de comunicación, lo que ha forzado al exilio a unos 200 periodistas, de acuerdo con datos de organizaciones independientes.
La oposición sostiene que en la actualidad hay alrededor de medio centenar de «presos políticos» en el país, entre ellos el obispo católico de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel por negarse a ser expulsado del país junto a otros 222 opositores desterrados hace tres meses.