Nicaragua, 30 de septiembre. Un grupo de diputados sandinistas presentó el 28 de septiembre la “Ley Especial de Ciberdelitos” que plantea la cárcel para evitar la propagación de noticias falsas o tergiversadas además del acoso sexual cibernético y solicitará la extradición de quienes fuera del territorio atenten contra la seguridad del Estado.
El grupo parlamentario del gobernante Daniel Ortega, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), propuso la iniciativa de ley cuyo propósito es “la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en perjuicio de personales naturales o jurídicas”.
Además, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro denunció que un Decreto Presidencial declaró como “Ciberdelitos en Nicaragua” el uso de la información y comunicación digital entre ciudadanos lo cual representa una gravísima violación al derecho humano fundamental de la libertad de expresión. “Con este decreto publicado en la Gaceta, la dictadura Ortega Murillo criminaliza todo tipo de expresión pública de ideas y pensamientos, que se realice usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es decir, internet y las redes sociales”.
A este decreto se suma la iniciativa de Ley “Regulación de Agentes Extranjeros”; que el gobierno anunció este lunes 28 de septiembre. “Ambas leyes, más la ley de cadena perpetua para castigar el ejercicio de las libertades, representan la imposición por la fuerza sea un bozal para el periodismo independiente, para líderes comunales y toda persona que han encontrado en las plataformas digitales, canales de difusión para denunciar los abusos del poder y la comisión de violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses”, advirtió la Fundación.
La Fundación aclara que estas leyes, así como el reciente decreto presidencial de ciberdelitos, atentan contra los más elementales derechos humanos, en cuanto criminalizan y penalizan la libertad de expresar ideas y pensamientos. La libertad de expresión es un derecho inherente a las personas y es obligación de los Estados respetarlo y promoverlo.