FUNDAMEDIOS rechaza categóricamente el ataque contra periodistas en Nicaragua, práctica que se ha convertido en una constante durante el régimen de Daniel Ortega y que se ha agudizado desde abril de 2018. La tarde del pasado 25 de febrero, en Managua, policías antimotines y simpatizantes de Gobierno golpearon a un grupo de reporteros que cubría una manifestación para exigir la liberación de los presos políticos que, actualmente, suman 56.
Las víctimas de estas agresiones pertenecían por lo menos a cinco medios de comunicación, digitales y audiovisuales. Entre los ataques se constataron golpes e, incluso, desinflaron los neumáticos de uno de los vehículos donde se transportaban los equipos de prensa.
La violación a la libertad de expresión en el país centroamericano ha caracterizado el mandato sandinista. Periodistas que han sufrido el amedrentamiento por parte del poder oficial confirmaron a FUNDAMEDIOS que el hostigamiento se inició apenas Daniel Ortega asumió el poder oficialmente en 2007. Sin embargo, a partir de abril de 2018 la represión se endureció. «Para este entonces había una prensa independiente muy golpeada, reducida en personal periodístico para coberturas y en alcance informativo, porque estabas obligado a limitar los horarios de transmisión porque no se tenía para pagar personal, luz eléctrica y otros servicios que conlleva la transmisión de noticias«, indicó una fuente, cuyo nombre no se revela por motivos de seguridad.
De acuerdo a los testimonios recibidos, la violación de sus derechos incluye «la agresión verbal, el ciberacoso y el más novedoso el ‘sexting’, sobre todo con periodistas mujeres«. Esto se traduce en que los comunicadores están sometidos a un aparato de vigilancia y espionaje constante.
Por otro lado, el presupuesto estatal para publicidad se redirigió exclusivamente a medios oficialistas o que están en manos de los Ortega-Murillo, lo cual genera la asfixia económica de los medios independientes. La pareja presidencial construyó un monopolio informativo, a través del acaparamiento y de ese modo acalla críticas, fortalece perfiles ideológicos y políticos. Esta práctica, además de ilegal, atenta contra la libertad de prensa e impide la pluralidad.
El acoso e intimidación también se expresa en el cierre de medios, encarcelamiento de comunicadores y autoexilio de las voces críticas.
El ataque más reciente a los reporteros coincidió con la ratificación en la Asamblea Nacional de Nicaragua del Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre la Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en materia de Ciberdelincuencia. El país firmó el instrumento internacional junto a Guatemala, Portugal, Perú y Uruguay en 2014; sin embargo, las dudas de su aplicación surgen al constatar la arbitrariedad con que opera el Gobierno. Por ejemplo, en el artículo 7 se establece que se podrá solicitar la intervención de comunicaciones a través de las tecnologías de información y comunicación; la obtención de datos de tráfico; el acceso a sistemas de información, a los datos contenidos en un dispositivo que permita el almacenamiento de datos y la entrega de archivos informáticos.
Esto podría representar una puerta abierta a la violación de las comunicaciones de los nicaragüenses. Así lo ha señalado también el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Nicaragua, un instrumento creado para el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el contexto de la crisis social.
FUNDAMEDIOS exige el respeto al trabajo periodístico y al derecho de los nicaragüenses a estar informados. Su Constitución garantiza la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección. La organización lo ha advertido previamente. La situación en Nicaragua se agudiza y, con ello, el trabajo de quienes cubren la crisis sociopolítica se complica. Insistimos en la necesidad de frenar el acoso sistemático que impide desarrollar las labores de la prensa, pilares de un sistema democrático.
El libre ejercicio del periodismo está acogido en el segundo principio de la Declaración de Chapultepec, que establece que «toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos». Paradójicamente, este instrumento internacional fue firmado por Daniel Ortega en 2001.