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Violence, stigmatization and surveillance of journalists in the Americas has been a constant in 2019

Abr 13, 2020 | Destacada, Publicaciones | 0 Comentarios

On March 21, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) published the Annual Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression. The 394-page document describes the situation of the press in 35 countries of the Americas during 2019. It includes conclusions and recommendations to the States.

The outlook is not encouraging: the rates of violence have not diminished. The murders of at least 27 journalists and media workers in Mexico (with almost 50% of the cases), Honduras, Bolivia, Brazil, Colombia, Guatemala, and Haiti are on example of the violence in 2019. Impunity is a common factor to all these cases.

In view of this reality, the Rapporteur recommends the adoption mechanisms to prevent attacks, respect the confidentiality of sources, and train state officials on freedom of expression.

The suggestions are decisive taking in consideration the increase of cases of authorities that stigmatize and smear communicators, undermining and disqualifying journalistic work. This was a constant that became more evident during the protests that took place in countries such as Ecuador, Colombia, Chile, and Bolivia during the last quarter of 2019.

On the right to social protest, the Rapporteur calls on states to respect the legitimate right to express opposing views, and to restrict the use of repression on critical or dissenting expressions. If force is necessary, it recommends that it should be carefully and thoroughly planned by persons with specific experience and training on citizen security. For example, he mentions that guarantees should be established so that firearms should be excluded from the equipment used by the security forces.

The Report highlights that there has been progress on regulatory reforms to define crimes that seek to protect the honor and reputation of individuals within the Inter-American Human Rights standards. But it also notes that some criminal definitions are still being used “to criminalize” the right to freedom of expression in the region.

For example, in Peru, the journalist Paola Ugaz has at least five legal proceedings against her for defamation. In Panama, former President Ricardo Martinelli filed nine complaints for slander and libel against 40 journalists and media owners. In Brazil, Venezuela and the Dominican Republic the same trend was seen; while in Mexico, journalist Sergio Aguayo was sentenced to pay half a million dollars for alleged moral damage to former PRI party president Humberto Moreira.

Among other worrying issues such as direct and indirect censorship, access to public information and subsequent accountability, the Special Rapporteur noted that there is a trend towards the use of technology of surveillance to spy on journalists, social and political leaders.

La violencia, estigmatización y vigilancia de periodistas en América ha sido una constante en 2019

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 21 de marzo el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Se trata de un documento de 394 páginas que expone la situación de la prensa de 35 países de América durante 2019 e incluye conclusiones y recomendaciones a los Estados. 

El panorama no es alentador: los índices de violencia no han mermado. Un ejemplo son los asesinatos de al menos 27 periodistas y trabajadores de la prensa el año pasado en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y México. Un factor en común entre estos casos es la impunidad. 

Ante esa realidad, la Relatoría recomienda adoptar mecanismos de prevención que eviten los ataques, respetar la reserva de las fuentes, capacitar a los funcionarios en el respeto a la libertad de expresión y determinar sanciones de manera proporcionada al daño cometido.

Las sugerencias resultan determinantes si se toma en cuenta el incremento de la estigmatización y el descrédito hacia los comunicadores por parte de las autoridades a través de discursos que menoscaban y descalifican la labor periodística. Esta fue una constante que se evidenció más durante las manifestaciones desatadas durante el último trimestre de 2019 en países como Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. 

Sobre el derecho a la protesta social, la Relatoría hace un llamado a respetar el derecho legítimo a expresarse e impedir las restricciones desproporcionadas para reprimir expresiones críticas o disidentes. Sobre el uso de la fuerza, recomienda que sea planificada cuidadosa y minuciosamente por personas con experiencia y capacitación específicas. Por ejemplo, menciona que se establezcan garantías para que “las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas”. 

El informe destaca que hay avances sobre reformas normativas para alinear a los estándares interamericanos los delitos que buscan proteger el honor y la reputación de los funcionarios; pero señala que se utilizan tipos penales para criminalizar el derecho a la libertad de expresión en la región. 

Por ejemplo, en Perú, la periodista Paola Ugaz tiene por los menos cinco procesos judiciales por difamación. En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli presentó nueve querellas por calumnias e injurias en contra de alrededor de 40 comunicadores y dueños de medios. En Brasil, Venezuela y República Dominicana la misma tónica; mientras que en México, el periodista Sergio Aguayo fue condenado a pagar medio millón de dólares por supuesto daño moral al expresidente del PRI, Humberto Moreira. 

Entre otros temas preocupantes como la censura directa e indirecta, el acceso a la información pública y la responsabilidad ulterior, la Relatoría Especial señaló que existe una tendencia a la vigilancia de quienes se manifiestan a través de redes sociales y se valen de la tecnología para espiar a periodistas, líderes sociales y políticos.

La Relatoría le dedicó un capítulo especial a Ecuador en donde destaca varias limitaciones al ejercicio periodístico. Estas son algunas de las conclusiones:

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