Los reportes de sus muertes se han tornado en una estadística en aumento. La forma en la que sus vidas son segadas es cada vez más sanguinaria. ¿Cuál es el móvil de sus asesinatos? Ser periodistas. Hacer su trabajo en un país que, supuestamente, garantiza su seguridad. Decidir contar qué pasa en México.
Este 9 de enero se conoció del asesinato de Fidel Ávila Gómez, locutor de la estación La K Buena en Huetamo, estado de Michoacán. El cuerpo fue encontrado con impactos de bala. También es el primer periodista muerto en lo que va de 2020.
En 2019, 13 comunicadores fueron asesinados en el país norteamericano. De acuerdo a reportes del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) México es el país más peligroso para ejercer la profesión en el hemisferio occidental. Y lo es. Estas personas, han muerto en sus casas; mientras desayunaban el día de su cumpleaños; mientras se dirigían al trabajo; al salir de un bar… todas actividades cotidianas, que el común de los seres humanos puede hacer sin temer por su vida.
Los asesinatos aumentaron en la primera mitad del año a las cifras más altas registradas desde el 2000, según datos oficiales. Lo que subraya los desafíos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha enfrentado desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, con una promesa, hasta ahora incumplida, de reducir la violencia en el país devastado por los carteles de las drogas y de proteger a todos los mexicanos ante cualquier amenaza.
México mantiene una tasa de impunidad del 99.1% en casos de crímenes contra periodistas y trabajadores de los medios que están siendo investigados por el Fiscal Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de acuerdo a la organización de derechos humanos Articulo 19. De las trece muertes reportadas en lo que va del año, ninguna ha trascendido la etapa de investigación previa. Solo en el caso de Rafael Murúa Manríquez existe un detenido. El comunicador murió el 20 de enero. Desde entonces, nada.
Desde 2012 existe un Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Este fue diseñado para proteger a los activistas de derechos humanos y periodistas en riesgo de la violencia selectiva que existe en México. Selectiva porque, por la naturaleza de su trabajo, están sujetos a amenazas específicas como: organizaciones delictivas, actores políticos y altos funcionarios.
Quienes reciben protección se someten a evaluaciones de riesgo una o dos veces al año, mantienen canales de comunicación con las autoridades y reciben recursos como botones de pánico o guardaespaldas que, en algunos casos, han probado ser obsoletos. Nevith Condés, por ejemplo, asesinado la noche del 24 de agosto, tenía un botón de pánico, pero el mecanismo no hacía revisiones periódicas al periodista. Su cuerpo fue hallado dentro de su casa, con más de 100 puñaladas. Como él, al menos cuatro periodistas, de los 13 fallecidos, eran parte del mecanismo y sus vías de protección sirvieron de nada ante las amenazas.
En septiembre de 2018, los fondos destinados al Mecanismo de Protección se agotaron. Sin embargo, antes de terminar su mandato, el ex-presidente Enrique Peña Nieto aprobó un presupuesto de emergencia para garantizar que el programa funcione hasta fin de año. A finales de julio 2019, el presupuesto con el que contaba el programa, de acuerdo al Gobierno mexicano, era de 171.716, 045 pesos mexicanos (8.547 dólares americanos). Con esa cantidad se buscaba proteger a más de 790 defensores de Derechos Humanos y periodistas. Es decir, un poco más de 10 dólares para proteger la vida de cada individuo. A inicios del año fiscal 2019, se contaba con el doble de esa cantidad, 20 dólares por persona. Un botón de pánico, en promedio, cuesta 200 dólares en México.
El costo de hacer periodismo en México, sin embargo, supera los escasos 20 dólares que un desastroso y casi inexistente mecanismo de protección les garantiza. Mientras el alarmante nivel de violencia, corrupción e impunidad en todos los niveles del gobierno se mantenga, la criminalidad de la que son objeto los periodistas seguirá llevando las riendas de su vida y el ejercicio de sus profesiones. Esto sucede en toda América Latina, una región que ahora es una de las más peligrosas para contar la realidad de nuestros países.