El pasado 5 de septiembre, se dio a conocer que 135 personas presas políticas en Nicaragua fueron excarceladas y desterradas a Guatemala por el régimen Ortega-Murillo. Dentro de ellas se encuentran periodistas, activistas, artistas, estudiantes y religiosos quienes fueron injustamente detenidos y privados de su libertad por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, de prensa, de asociación, artística y religiosa.
Las liberaciones se realizaron después de las negociaciones efectuadas por el gobierno de Estados Unidos. Si bien, por cuestiones de seguridad no ha sido posible conocer los nombres de todas las personas liberadas, el periódico nicaragüense La Prensa confirmó que dentro de ellas se encuentra el periodista Víctor Ticay, quien fue sentenciado a ocho años de prisión por supuesta traición a la patria y ciberdelito en agosto del 2023, por la cobertura en redes sociales de un evento religioso.
Las organizaciones firmantes hemos denunciado en distintas ocasiones las sistemáticas violaciones a derechos humanos que se viven en el país desde 2018 tras el estallido de protestas contra el régimen, en las que murieron cerca de 355 personas y miles más fueron exiliadas. Además, hemos señalado que las formas de represión se han diversificado desde entonces, sostenidas a partir de un marco jurídico contrario a cualquier estándar internacional en la materia, cuyo objetivo principal es silenciar e inhibir cualquier forma de expresión que evidencie y cuestione el contexto autoritario que se vive en Nicaragua.
La persecución, la criminalización, el cierre de medios, las detenciones y los despojos de la nacionalidad han sido protagonistas de este ambiente hostil. De acuerdo con la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) en 2019 se registraron 202 eventos represivos; en 2020, 218; en 2021, 98; y en 2023, 86; en tanto que durante el primer semestre del 2024 se han registrado 47 agresiones contra la prensa. A esto se añaden los intentos por desaparecer a las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, pues hasta el momento suman cerca de 5,700 organizaciones canceladas por el gobierno.
Es alarmante el nivel de represión, pues ha devenido en el cierre del espacio cívico en el país, inhibiendo con esto el derecho de las personas a ser informadas sobre todas las situaciones que les involucran.
En este marco exigimos flagrantemente al Estado nicaragüense lo siguiente:
● Aparición con vida de la periodista independiente Fabiola Tercero, quien fue víctima de desaparición forzada desde el pasado 12 de julio de 2024, después de que siete agentes de la policía allanaron su casa en Managua.
● Cesar inmediatamente la persecución de todas las personas y voces críticas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en los espacios públicos y digitales.
● Restituir los derechos de las personas que han sido sistemáticamente reprimidas por su libre expresión.
● Dar cabal cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión, prensa, religiosa y artística.
● Eliminar las leyes restrictivas y contrarias a los instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto del Sistema Universal como del Regional que criminalizan la libre expresión y de prensa.
Al Estado de Guatemala le pedimos que continúe de forma solidaria apoyando para proteger y garantizar los derechos de las 135 personas desterradas en dicho territorio. De tal manera que puedan reintegrarse en la sociedad para retomar su plan de vida, proporcionando su bienestar emocional, estabilidad económica y seguridad.
A la comunidad internacional es necesario continuar respaldando la situación a través de la observancia y el fortalecimiento de la cooperación internacional, en donde sean escuchadas y tomadas en cuenta en todo momento las voces nicaragüenses.