Nicaragua, 7 de febrero de 2021. El régimen totalitario de Daniel Ortega continúa atentando contra la libertad de expresión en Nicaragua. El jueves pasado, con un exagerado contingente policial que rodeó la prisión de ‘El Chipote’, se llevaron a cabo los juicios de los miembros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que se dedicaba a la promoción y protección de la libertad de expresión.
Entre los afectados están:
Según el medio Swissinfo Cristiana Chamorro, la excandidata a la Presidencia con más posibilidades de ganar al Régimen orteguista, quien fue detenida el 2 de junio de 2021, tras ser acusada de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Cristiana Chamorro.
Pedro Joaquín Chamorro, político opositor perteneciente al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y hermano de la exaspirante a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro, fue detenido el 25 de junio de 2021, tras haber incurrido en supuestas acciones de apropiación y retención indebida, falsificación ideológica y gestión abusiva.
Según El País, el conductor personal de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez, fue detenido el 14 de junio de 2021, por el supuesto delito de ser ‘cooperador necesario del delito de lavado de dinero’. En El Chipote, los familiares no podían entregarle comida, estaba incomunicado y no tenía acceso a un abogado. Su caso llegó a la CIDH y el 3 de agosto de 2021 se le otorgó una medida cautelar.
Según Diario La Prensa, el contador general y administrador financiero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez, respectivamente, fueron las primeras personas en la lista de presos políticos del Régimen orteguista. Fueron secuestrados por el Régimen el 28 de mayo del 2021, por presunto lavado de dinero. La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los dos extrabajadores de la ONG.
Según medios locales, el juicio inició a las 8 de la mañana y fue suspendido a las 3:30 de la tarde. La acusación por lavado de dinero es compleja y podría durar semanas o meses. El particular de esta figura es que en caso de hallar culpable, los bienes son incautados. En declaraciones de Eilyn Cruz, la familia Chamorro es históricamente importante , sus bienes han sido escenarios clave para algunos procesos de la nación, y estos podrían terminar en manos del Estado.
Más víctimas…
El Régimen de Daniel Ortega ha utilizado un cóctel de leyes represivas para atacar las libertades. El periodista nicaragüense Miguel Mora, fundador del medio de comunicación 100% Noticias -incautado por el Gobierno- y quien ya estuvo detenido por 6 meses en 2019 y fue detenido el 20 de junio de 2021, fue una de las víctimas de esta persecución política. Durante el juicio, desarrollado el 4 de febrero, fue sentenciado por el delito de ‘menoscabo a la integridad nacional’, establecido en la denominada ‘Ley de Soberanía’. La Fiscalía pidió 15 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos a Mora.
Donald Alvarenga, de Chichigalpa, fue detenido arbitrariamente el 6 de noviembre de 2021, un día antes de las elecciones presidenciales de Nicaragua. En el juicio, según el Diario La Prensa, 7 oficiales de la Policía declararon en contra del opositor. Según el expediente, la víctima había sido objeto de espionaje y vigilancia desde 2019.
Según Confidencial de Nicaragua, Alvarenga fue condenado “por delito de menoscabo a la integridad nacional (conspiración) y por delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación” en redes sociales.
Douglas Cerros, de Nueva Segovia, fue detenido arbitrariamente el 6 de noviembre de 2021. En el juicio, el testigo en contra de Cerros fue el Ministerio Público, quien señaló que el opositor había sido identificado desde el 2019, e incurrido en acciones de “menoscabo a la integridad nacional y la desestabilización de la paz social” en redes sociales.
El activista opositor Yader Parajón fue detenido en septiembre de 2021, tras participar en las protestas contra el Régimen en 2018, cuando su hermano fue asesinado por un francotirador. El orteguismo le ha declarado culpable y se estima que su condena sea de entre 10 y 15 años, según lo estipulado por la normativa pertinente.
El disidente Yaser Vado fue detenido el 6 de noviembre de 2021. Ha sido declarado culpable por conspiración, al amparo de la Ley que castiga con penas de hasta 15 años a quienes atentan contra la seguridad del país, promueven la injerencia extranjera y las sanciones internacionales.
La defensora de Derechos Humanos y cabeza del Movimiento Renovador Sandinista, Ana Margarita Vijil, fue detenida por la dictadura el 13 de junio de 2021. Es la primera dirigente política en recibir una sentencia por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», bajo la ‘Ley de Soberanía’. Se espera que su castigo vaya entre el rango de 10 a 15 años de prisión, según lo tipificado por la ley.
La historiadora y fundadora del partido Movimiento Renovador Sandinista, Dora María Téllez, fue detenida por el régimen de Ortega el 13 de junio de 2021 en su casa. Durante el juicio, a puerta cerrada, fue declarada culpable por el supuesto delito de «conspiración para cometer actos en menoscabo de la integridad nacional» y la Fiscalía pide 15 años de cárcel.
El estudiante y fundador de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Lesther Alemán, fue detenido el 5 de julio de 2021 en su casa. El joven fue declarado culpable por el supuesto delito de «conspiración para cometer actos en menoscabo de la integridad nacional» y la Fiscalía pide 15 años de cárcel.
El contador y docente Alexis Peralta fue detenido el 6 de noviembre en su vivienda. Fue encarcelado por el supuesto delito de “propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación”.
La diputada dirigente del Movimiento Liberal y esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, fue sometida a arresto domiciliario desde el 21 de junio de 2021. En la prisión de Chipote fue declarada culpable por el delito de conspiración. La Fiscalía pidió ocho años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El precandidato opositor, economista y exviceministro de Hacienda, Juan Sebastian Chamorro, fue detenido el 8 de junio de 2021 por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, entre otros”. Este fue condenado a 13 años de cárcel.
El precandidato opositor y politólogo Félix Maradiaga fue detenido el 8 de junio de 2021 por el supuesto de “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional, entre otros”. Este fue condenado a 13 años de cárcel.
El precandidato opositor y exembajador Arturo Cruz fue detenido el 5 de junio de 2021 por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional, entre otros” . Este fue condenado a nueve años de cárcel.
El opositor, analista político y exvicecanciller José Pallais fue detenido el 9 de junio de 2021 por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional, entre otros”. Este fue condenado a 13 años de cárcel.
El opositor y expresidente del gremio empresarial José Aguerri fue detenido el 8 de junio de 2021 por arremeter contra “la integridad nacional , entre otros”. Ha sido condenado a 13 años de cárcel.
Mientras que las dirigentes sociales Violeta Granera, detenida el 8 de junio; y Tamara Dávila, detenida el 12 de junio por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional, entre otros”. Las lideresas obtuvieron ocho años de prisión.
A esta lista, podrían seguirse sumando nombres de opositores criminalizados por la dictadura Orteguista.
Un nefasto antecedente
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en octubre de 2020 la ‘Ley Especial de Ciberdelitos’. En diciembre de 2020, se aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, conocida como ‘Ley de Soberanía’. Esta fue promulgada con el discurso de defender «los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz». En estas leyes se tipifican varios delitos con los cuales se empezó a encarcelar a los detractores, que en la actualidad están siendo sentenciados. Lo más grave de este panorama es que se utiliza la ley como herramienta para cometer atentados contra principios humanos básicos.