Nicaragua, 31 de enero de 2022: Entre el 13 y 27 de enero de 2022, los opositores al régimen de Daniel Ortega, Douglas Alfredo Cerros Lanzas y Donald Margarito Alvarenga Mendoza, fueron sentenciados a 12 años de cárcel , con el fundamento penal de la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza” y la Ley 1055 o “Ley de Soberanía ” en Nicaragua.
Los cuerpos normativos fueron aprobados en el año 2020 en el país centroamericano y ahora empiezan a rendir frutos devastadores para la libertad de expresión y la posibilidad de que los nicaragüenses puedan emitir sus opiniones en redes sociales. La Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, buscan sancionar la difusión de “noticias falsas” con cárcel y silenciar a las y los disidentes desde lo penal y mediante el uso progresivo y abusivo del poder estatal.
El opositor de Chichigalpa, Donald Alvarenga, fue detenido arbitrariamente, el 6 de noviembre de 2021, un día antes de las elecciones presidenciales de Nicaragua. En el juicio, según el Diario La Prensa, 7 oficiales de la Policía, declararon en contra del opositor. Según el expediente, la víctima había sido objeto de espionaje y vigilancia desde 2019.
Según el Confidencial de Nicaragua, Alvarenga fue condenado “por delito de menoscabo a la integridad nacional (conspiración) y por delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación” en redes sociales.
El disidente de Nueva Segovia, Douglas Cerros, fue detenido arbitrariamente, también, el 6 de noviembre de 2021. En su juicio, el testigo en contra de Cerros fue el Ministerio Público, quien señaló que el opositor había sido identificado desde el 2019, e incurrido en acciones de “menoscabo a la integridad nacional y la desestabilización de la paz social” en redes sociales.
En un comunicado emitido este 31 de enero 2022 el Ministerio Público de Nicaragua anunció además que a partir del 1 de febrero iniciará los juicios contra los “criminales y delincuentes que han atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense”, vulnerando desde un inicio la presunción de inocencia de los detenidos. Las dos primeras sentencias condenatorias emitidas contra Cerros y Alvarenga, seguidas por el anuncio gubernamental permiten presagiar a lo que estarán expuestos los 170 presos de conciencia detenidos arbitrariamente en Nicaragua. Entre ellos se encuentran varios periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
Fundamedios condena este atentado contra la libertad de expresión, así como la vulneración de los más elementales derechos humanos de los presos politicos detenidos arbitrariamente, sometidos a tortura, tratos degradantes y privados de procesos justos. Fundamedios exige al gobierno de Nicaragua su inmediata liberación.