La tarde de este 7 de abril Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Luz Adriana Camargo, del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH; César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; y Frank La Rue, director de Derechos Humanos e Incidencia de Fundamedios y exrelator especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión examinaron el impacto, funcionamiento, efectividad del Equipo de Seguimiento Especial, un mecanismo creado para seguir, en tiempo real, las investigaciones en torno al asesinato de los ecuatorianos Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, periodistas de Diario El Comercio.
A propósito de la conmemoración del segundo año del crimen, los expertos se reunieron desde Estados Unidos, Colombia y Ecuador para analizar el mecanismo que se aplicó para monitorear las respuestas que los Estados todavía deben. También fue una oportunidad para analizar las condiciones en que se hace periodismo en la región. Y por eso la pregunta que se planteó es «¿se puede replicar el ESE en otros países para romper el ciclo de la impunidad en los crímenes contra periodistas?».
«El crimen sacudió la conciencia de periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Su legado es este mecanismo que se activó y sienta un precedente para ser aplicado, en caso de que se requiera nuevamente”, explicó Lanza. El Relator se refiere el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), creado por la CIDH y su Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) a instancias de las familias de las víctimas.
Sucede que el caso Nos faltan3 no es el único en una región marcada por las violaciones a los Derechos Humanos. «Hay una conciencia de que los marcos jurídicos quedan cortos ante situaciones que en América Latina no se quieren repetir», añadió el abogado uruguayo.
En ese contexto, la penalista Camargo insistió en que una indagación como la que realizó el ESE permite mejorar protocolos de seguridad y garantizar el ejercicio periodístico en el continente. La investigadora reconoció que el acceso a información en torno al secuestro y asesinato fue complicado, pues los fiscales tenían «recelo» en hacerles partícipes de sus hallazgos.
«Se trató de incidir sobre la marcha en las indagaciones de las fiscalías de Ecuador y Colombia y eso siempre genera incomodidad», apuntó Lanza.
El Director Ejecutivo de Fundamedios señaló que debido a las circunstancias la importancia de un mecanismo que vigile los crímenes en contra de periodistas casi en tiempo real y luche contra la impunidad no ha sido apreciada en toda su magnitud, incluso desde la misma sociedad civil. «Los familiares sienten que no hay ese escenario de verdad, justicia y reparación. La sensación es que en Ecuador las investigaciones no han avanzado, el caso ha pasado de mano en mano y la teoría del caso no articula el secuestro con el asesinato, ni el secuestro con los atentados de Guacho en la zona a inicios de 2018″, precisó Ricaurte.
Los ponentes del foro moderado por la periodista Dagmar Thiel coinciden en que la responsabilidad de garantizar los Derechos Humanos está en los Estados. Frank La Rue lo explicó. «La impunidad, cuando hay actos de violencia, también es responsabilidad del Estado porque tienen la obligación de garantizar justicia y seguridad ciudadana. Cuando eso no pasa, tienen la obligación de investigar y dar con los culpables».
Ante la pregunta planteada como eje de este espacio de reflexión, la respuesta es que hay una deuda que no se salda. Esa afirmación se comprueba con las experiencias que actualmente se viven ante la pandemia de la Covid19. En Ecuador existen, por lo menos, cinco periodistas muertos como resultado de la emergencia sanitaria.
Es importante que mecanismos como los del ESE sean vistos por los Estados como un apoyo y no como un elemento de confrontación: tienen un enfoque de Derechos Humanos y una perspectiva más amplia que la penal.