Venezuela, 19 de agosto de 2024. La situación en Venezuela sigue deteriorándose a medida que el gobierno de Nicolás Maduro intensifica sus esfuerzos por silenciar cualquier voz crítica, tras los comicios del pasado 28 de julio que le otorgaron la reelección. Fundamedios rechaza la detención de cuatro periodistas imputados por delito de “terrorismo e incitación al odio” y exige su inmediata liberación.
En la última semana, la represión civil en contra de los manifestantes que exigen se respete el proceso electoral se han incrementado. También se han intensificado la censura y los bloqueos digitales que impiden la distribución de páginas web de noticias de decenas de medios de noticias. Según la organización Espacio Público que monitorea el acceso digital “al menos 27 bloqueos de plataformas, páginas, dominios de medios de comunicación, organizaciones, aplicaciones de mensajería, entretenimiento fueron reportados hasta el 11 de agosto”, la mayoría desde el inicio de la campaña electoral.
Además, la prensa sigue siendo un blanco de ataques por parte del Gobierno venezolano; tal y como lo ha reportado el Observatorio de Derechos Humanos Ambientales Clima21 que advirtió de violencia en contra de comunicadores que trabajan con temas ambientales.
“En la última semana hemos tenido información sobre situaciones que incluyen graves casos de hostigamiento y de encarcelamiento. Incluso algunos de los comunicadores afectados han tenido que ponerse en resguardo para proteger sus vidas y la de sus familias”, advirtieron.
Entre los casos registrados, se encuentra un periodista ambiental que solicitó no publicar su identidad por temor a mayores represalias, pues ha sido víctima de intimidación, al igual que sus colegas. Él aseguró que en el contexto poselectoral, las fuerzas de seguridad de Maduro han empezado a merodear sus residencias en vehículos con vidrios polarizados. En algunos casos, se les ha “aconsejado”, de manera amenazante, que se muevan de sus viviendas porque podrían ser “el próximo objetivo”.
Según Ipys Venezuela, la intimidación es la agresión más recurrente y suele hacerse de forma pública a través de medios afines al gobierno o directamente desde voceros del oficialismo. Cuando es pública, resalta Ipys, el propósito es desprestigiar al periodista mediante discursos estigmatizantes.
Por otro lado, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el 15 de agosto la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro“ para controlar a las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas repectoras de fondos internacionales.
Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) anunció la reactivación de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI Venezuela) con el objeto de fortalecer el monitoreo, la protección y la respuesta oportuna de sus mecanismos. La SACROI concentrará las capacidades institucionales y la coordinación entre las áreas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).
https://x.com/RELE_CIDH/status/1824880154260434957
La CIDH, además, informó que adoptó el 17 de agosto de 2024 la Resolución de Seguimiento y Modificación No. 51/2024, en relación con la situación de Américo de Grazia en Venezuela (MC-359-16).
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/187.asp
En la Resolución, la CIDH analizó la falta de medidas implementadas para su protección del beneficiario. La CIDH lamentó la falta de información sustantiva y de implementación de medidas de protección por parte del Estado, lo que situaría al beneficiario en una situación de desprotección y vulnerabilidad en el contexto del país.