Venezuela, 17 de octubre de 2024. La ola de represión y censura contra medios de comunicación y periodistas crece en Venezuela. Desde las elecciones del pasado 29 de julio, Venezuela ha anulado los pasaportes de cerca de 40 personas, la mayoría activistas y periodistas.
Según el Financial Times, Venezuela canceló pasaportes de decenas de periodistas y activistas desde que el presidente Nicolás Maduro se proclamó vencedor de la reelección. El medio explica que esto forma parte de una campaña de represión contra la oposición. Varios medios internacionales han replicado el informe presentado por Financial Times, en donde expone que “las autoridades han confiscado pasaportes a personas que intentaban embarcar en vuelos desde el principal aeropuerto del país”.
A esta situación, se suman las agresiones verbales propinadas por el mandatario, Nicolás Maduro, quien tildó de “imbéciles, mercenarios y tarifados” a periodistas que criticaron el adelanto de Navidad en Venezuela.
Un “toque de queda no decretado”
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), durante una entrevista expuso la compleja y peligrosa situación que enfrentan los periodistas en Venezuela. Resaltó que la persecución ha llevado a muchos comunicadores a abandonar el país, como el caso del periodista Luis Gonzalo Pérez.
Ruiz denunció que en Venezuela existe un “toque de queda no decretado” contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, lo que refleja la gravedad del momento que atraviesa la libertad de expresión en el país. Asimismo, resaltó que desde el Ejecutivo se ha limitado la labor periodística, evidenciado en el cierre de al menos 180 estaciones de radio a nivel nacional.
La CIDH otorga medidas cautelares para Osmary Sánchez
Osmary Gabriela Sánchez Chirinos, opositora del régimen de Nicolás Maduro, quién se encuentra embarazada, fue detenida arbitrariamente el 7 de agosto de 2024 por funcionarios de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Coro, Estado Falcón, luego de que una persona denominada «patriota cooperante» la acusara de instigar al odio a través de un grupo de WhatsApp de su localidad. La medida privativa de libertad se dictó por delitos de terrorismo e instigación al odio.
Tras esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó, el pasado 27 de septiembre, medidas cautelares en beneficio Osmary Gabriela Sánchez Chirinos por considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.
Otro caso de detención arbitraria es el de Deisy Peña, fotógrafa de la Alcaldía del Municipio de Carrizal. Peña fue aprehendida el pasado 2 de agosto, por tener fotografías de las protestas del 29 de julio, según reportaron el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Se conoce que Peña se encuentra detenida en el calabozo de PoliMiranda y el pasado 9 de octubre fue trasladada al hospital Ocumare del Tuy para ser atendida. “Se le bajó la tensión, tenía fiebre y le dio un dolor muy fuerte. Los policías la llevaron de emergencia al centro asistencial, donde la evaluaron y le pusieron un tratamiento”, publicó la ONG ‘ Una ventana a la libertad’.
Tras ser examinada por los médicos, Peña habría sido regresada a los calabozos de la Policía de Miranda, donde cumple su tratamiento médico.