Venezuela, 9 de septiembre de 2024. Fundamedios rechaza enérgicamente la persecución en contra de periodistas y medios de comunicación en Venezuela. Instamos a las autoridades de Venezuela a respetar los derechos humanos, de libertad de prensa y expresión y no obstaculizar el trabajo periodístico.
El pasado miércoles, 4 de septiembre el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello estigmatizó y criminalizó la labor de los medios independientes.
Cabello, quien conduce un programa denominado “Con el mazo dando”, que se transmite en la televisora estatal venezolana de televisión VTV, emitió un discurso estigmatizante en contra de los medios y periodistas independientes.
El funcionario leyó en vivo una carta de un presunto informante llamado “Patricio El Maracucho” en la que, sin mostrar ninguna prueba, afirmó que la líder opositora María Corina Machado financia portales digitales para publicar noticias falsas con el supuesto objetivo de confundir a la población y desestabilizar al país.
Al comentar el contenido de la misiva anónima, Cabello mencionó a diferentes medios que han sido críticos con el régimen: Tal Cual, VPI, El Pitazo, Efecto Cocuyo, Politiks, Armando Info, Monitoreamos, El Estímulo y Runrunes.
Este tipo de acusaciones sin fundamentos forman parte de un patrón sistemático de ataques que vulnera las libertades informativas y genera un clima de hostigamiento contra los trabajadores de la prensa, pues no es la primera vez que Cabello utiliza su programa televisivo para hostigar y amenazas a medios de comunicación y periodistas.
Detención arbitraria a mujeres periodistas
En un último monitoreo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), ha registrado la detención de cuatro periodistas venezolanas, dos de ellas han sido acusadas de terrorismo.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en Venezuela ha significado un obstáculo para las mujeres comunicadoras, quienes han sido víctimas de asedio, persecución, hostigamiento y detenciones arbitrarias, ejecutadas por los órganos de seguridad del Estado venezolano.
El pasado 28 de julio, día de los comicios en Venezuela, Érika Rincón de Diario Órbita de Anzoátegui fue detenida durante cinco horas por usar un drone durante la cobertura. Rincón fue aprehendida por la Policía Bolivariana, quienes le incautaron por ese tiempo su celular y le habrían hecho firmar documentos para constatar que no fue maltratada durante el tiempo que permaneció aprehendida.
El siguiente caso fue la detención de la reportera gráfica Deisy Peña, jefa de Audiovisuales de la Alcaldía de Carrizal en el estado de Miranda. Peña fue interceptada el 2 de agosto por la fuerza policial de Miranda, quienes sin contar con Jan orden de prisión, se la llevaron a una ubicación desconocida. Varias horas después de su detención, se conoció que se encontraba en la División de Inteligencia Penal (DIP) de Quebrada Honda. Tras permanecer tres días en este lugar, Peña fue trasladada el 5 de agosto a una cárcel de mujeres en Ocumare del Tuy donde cumple con un periodo impuesto de 45 días de detención.
Peña fue señalada por cargos de obstrucción de vías públicas, vandalismo, terrorismo y resistencia a la autoridad, tras publicar unas fotografías en sus redes sociales de una protestas que se llevó a cabo el 30 de julio en Carrizales. Bárbara Canino Peña, hija de la comjnicado, denunció en redes sociales que su madre “fue detenida injustamente por ejercer su profesión”.
Ana Carolina Guaita, periodista de La Patilla, fue detenida el 20 de agosto, cuando funcionamos públicos de la llevaron a un paradero aún desconocido. “No sabemos de su paradero, no sabemos dónde está, no sabemos por qué la detienen, si la detienen por ser periodista o por ser hija de dos dirigentes reconocidos en el estado La Guaira”, apuntó el hermano de Guaita, Pepe Guaita.
Fue hasta el 28 de agosto que se conoció que Guaita se encontraba en buen estado de salud y uno de sus familiares pudo visitarla en el lugar donde se encuentra recluida, pese a que no fue revelada esta ubicación. Ante esta situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le otorgó medidas cautelares a la comunicadora, considerando que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.
Finalmente, Carmela Longo fue detenida el 25 de agosto, luego de un allanamiento a su vivienda en donde también resultó detenido su hijo, quien posteriormente fue liberado. El día siguiente, es decir el 26 de agosto, Longo fue presentada ante el Tribinal Tercero de Control con competencia en Terrorismo y luego fue liberada con medidas cautelares como: prohibición de salida del país, régimen de presentación y provisión de declarar y escribir sobre su caso.
En total suman 13 los trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela. Entre ellas cuatro mujeres, dos de las cuales todavía permanecen encarceladas. Estos encarcelamientos han sido rechazados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid.