Ecuador, 26 de marzo de 2026.- A ocho años del secuestro y asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, del equipo periodístico de El Comercio, Ecuador mantiene una deuda profunda con la verdad, la justicia y la reparación. El crimen, ocurrido en 2018 en la frontera con Colombia a manos de disidencias de las FARC, permanece en la impunidad.
Pese a algunos avances parciales en los últimos años, el caso continúa marcado por la falta de resultados concretos, la ausencia de sanciones en el Ecuador y la persistente opacidad en torno a las decisiones adoptadas por las autoridades estatales durante el secuestro.
En Colombia, Carlos Arturo Landázuri, alias Comandante Gringo, señalado como uno de los responsables de la ejecución del equipo periodístico, enfrenta procesos judiciales por este caso y por una masacre ocurrida en 2020 en Tumaco. Sin embargo, la posibilidad de que quede en libertad por la caducidad de uno de los procesos genera una seria preocupación, ya que pondría en riesgo las garantías de que responda ante la justicia por el asesinato de los periodistas ecuatorianos. El 6 de marzo de 2026, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto rechazó su más reciente pedido de libertad. En su resolución, el tribunal determinó que hay indicios suficientes que permiten inferir su participación directa en los hechos, incluso señalándolo como uno de quienes impartían órdenes dentro de la estructura criminal.
A esto se suma que, en Colombia, si bien en 2021 se dictó una sentencia de 28 años de prisión contra Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, identificado como uno de los custodios de los periodistas durante el cautiverio; esta decisión no permitió esclarecer la totalidad de los hechos ni las responsabilidades estructurales detrás del crimen porque todavía no existe una teoría consolidada del caso ni una reconstrucción completa y detallada de los hechos.
En Ecuador, la situación es más crítica. El expediente ha pasado por varios fiscales sin que se establezcan responsabilidades claras. Tampoco se ha construido un mapa integral de actores que permita entender las decisiones adoptadas durante el secuestro; y no existe información reciente sobre avances sustanciales en la investigación. A la fecha, no hay personas condenadas en el país por este caso.
Estos elementos refuerzan el reclamo sostenido de las familias y de la sociedad civil frente a la inacción estatal y a la falta de voluntad para garantizar justicia.
La desclasificación parcial de información ordenada en 2024 por la Corte Constitucional evidenció inconsistencias, omisiones y contradicciones en la gestión del caso, sin que hasta ahora se hayan derivado responsabilidades.
Desde Fundamedios, alertamos que, la posible liberación de uno de los principales implicados en el asesinato del equipo periodístico de El Comercio y la ausencia de avances efectivos en Ecuador consolidan un escenario de impunidad que envía un mensaje grave: ejercer el periodismo puede costar la vida sin que existan consecuencias.
Por ello, exigimos al Estado ecuatoriano:
- Impulsar de manera urgente y diligente el desarrollo de la investigación, garantizando resultados concretos y la determinación de responsabilidades.
- Cumplir integralmente con las obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte Constitucional, incluyendo la entrega completa y transparente de la información.
- Fortalecer la coordinación judicial internacional para asegurar que los responsables enfrenten la justicia y no evadan sus procesos.
A ocho años del crimen de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, reiteramos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. La impunidad no puede seguir siendo la respuesta del Estado frente a uno de los ataques más graves contra la libertad de expresión en la región.
Paúl, Javier y Efraín No los olvidamos.Verdad, Justicia y Reparación.