Por : Dagmar Thiel.
Refugiados nicaragüenses que salen del hotel en Virginia camino a su nueva vida Foto: Uriel Velásquez
Cuando emocionada me acerqué a abrazar a Miguel Mendoza y vi su cara de asombro, caí en cuenta de que, para él, yo era una perfecta desconocida. Pero para mí, su nombre se había convertido en el símbolo más puro de la brutal represión de la dictadura nicaragüense contra los periodistas, cuando el 20 de junio de 2021 fue detenido en su país, acusado de ciberdelitos y de atentar contra la soberanía del Estado. Más aún, posteriormente, cuando fue sentenciado a 10 años de prisión. Desde entonces, yo lo he nombrado en cada foro internacional y en cada informe sobre los retrocesos de la libertad de expresión en las Américas.
Miguel Mendoza es un cronista deportivo nicaragüense, liberado, junto a otros 221 presos políticos, y enviado en un vuelo chárter a Estados Unidos, el 9 de febrero, por el Gobierno orteguista. Dice que “nunca creyó verse envuelto en la vorágine en que se convirtió el país”, aunque le gustó ser el cronista deportivo que “rompió el hielo al meterse en política”. En abril de 2018, transmitió en Facebook live las marchas políticas a sus miles de fans, pues considera inconcebible que la sección deportiva de un medio se desvincule por completo de las cosas graves que pasaban en el país, como fue el asesinato de más de 300 personas que participaron en las protestas.
Miguel Mendoza Foto: Miguel Andres
Miguel Mendoza permaneció casi 600 días encarcelado bajo condiciones de tortura. Desde estar en completo aislamiento por semanas enteras en una celda sellada de 2×2 metros, provista únicamente con un catre de cemento y un tubo para realizar sus necesidades, hasta la tortura psicológica que le impusieron los guardias al negarle toda información, incluidos los resultados del mundial de fútbol de Catar 2022. Pero su buen humor lo acompañó y, para deleite de sus entonces compañeros de celda, narró un imaginario partido de fútbol, donde Brasil ganaba la copa, mientras escuchaba por la ventanilla de la celda, que entonces compartía con otros 3 detenidos. No fue hasta una semana más tarde, en la visita familiar del 25 de diciembre, que conoció el resultado real.
Durante su cautiverio, Miguel Mendoza hizo una huelga de hambre para reclamar su derecho a ver a su hija, Alejandra, lo que le fue concedido año y medio después de su arbitraria detención. Ha perdido mucho peso en la cárcel y sus facciones se han endurecido, pero el buen humor permanece. La repentina decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo condenó al destierro apátrida en Estados Unidos. Con gratitud, agradeció la oferta de España de otorgarle la nacionalidad, pero prefiere quedarse en Estados Unidos, porque adora el béisbol. Y con impresionante rapidez logró acreditarse para cubrir el World Baseball Classic, en Miami, este marzo.
Juan Lorenzo Holmnn recibido por familiares y amigos Foto: Dagmar Thiel
Juan Lorenzo Holmann, el gerente general de La Prensa, fue de los primeros refugiados que salieron del avión que los transportó de la Base Aérea de Managua a Washington, donde fue recibido por sus hijas y otros familiares. Asegura que en sus 545 días de cautiverio “le pudieron robar todo, menos la dignidad”. Fue detenido el 14 de agosto de 2021, cuando la Policia nicaraguense confiscó las instalaciones del centenario diario La Prensa y lo encerró en el centro de auxilio judicial Evaristo Velásquez Sánchez, más conocido como ‘El Chipote’, un centro de tortura para quienes cuestionan al Régimen.
Juan Lorenzo fue sentenciado por supuesto lavado de dinero. Parte de la tortura psicológica a la cual fueron sometidos los presos políticos fue privarlos de todo material de lectura, ni siquiera una Biblia se les permitió. Asegura que lo único que pudo leer y releer, para mantener la mente activa, fueron las etiquetas de los alimentos que ingresaban a la celda. A diferencia de muchos de los refugiados que llegaron en el vuelo del destierro, tiene familiares cercanos en la zona para rehacer el hogar del cual lo arrancó el sadismo sandinista, que arremetió contra el periodismo independiente. La represión contra la Prensa comenzó con retener el papel y la tinta para imprimir el periódico y obligarlos a cerrar la edición impresa, y siguió con la toma de las instalaciones, la destrucción de los equipos equipos y los archivos históricos, la inmovilización de cuentas bancarias, la detención arbitraria de sus directivos y de dos choferes del medio, y, finalmente, la presión para obligar al exilio a todo el equipo periodístico a cargo de la edición digital.
El poder judicial, a la orden de los designios represivos del Régimen, justo había condenado a dos choferes del periódico, Mario Sánchez y Carlos Lam, a 10 años de prisión y al pago de una multa equivalente a $1000 la mañana del miércoles 8 de febrero, vísperas del sorpresivo viaje de los 222 presos políticos. Ellos trabajaron durante 12 y 6 años, respectivamente, manejando los vehículos del medio, y fueron arrestados el 6 de junio de 2022 tras proveer el apoyo logístico al equipo periodístico para la cobertura de la expulsión de las misioneras Madre Teresa de Calcuta de Nicaragua.
En el hotel donde fueron alojados los desterrados, Carlos se ajustaba con dificultad unos guantes rojos, que fueron los únicos que encontró del tamaño medianamente grande para calentar sus manos en la fría mañana del invierno en Estados Unidos. La ropa de abrigo, que la diáspora nicaragüense y muchas organizaciones solidarias llevaron, lograron paliar solo las necesidades básicas de los refugiados, quienes llegaron con la ropa puesta que les dieron en la cárcel, al abordar los buses que los sacaron el miércoles 8 por la noche de los centros de detención, para llevarlos a la Base Aérea. Allí, en medio de la incertidumbre y la prohibición de hablar entre ellos, esperaron horas antes de que les hicieran firmar un documento expresando su voluntad de viajar a Estados Unidos y les entregaran un pasaporte emitido cuatro días antes.
Sin tiempo para pensarlo, los refugiados fueron conminados a aceptar su destierro a Estados Unidos o el regreso a la cárcel en Nicaragua. Ninguno de ellos imaginó que mientras volaban, se había anunciado ya una ilegítima y apresurada reforma a la Constitución que retiraba la ciudadanía a quienes eran declarados traidores a la patria, continuando así con la violación a sus Derechos Humanos, pues ningun ser humano puede ser privado de su identidad. Sus registros fueron borrados del Registro Civil con impresionante rapidez, y trámites como ceder la patria potestad a los familiares que quedaron a cargo de hijos menores, son imposibles, porque ya no existen.
Ni Carlos ni Mario han querido hablar públicamente, pero tienen familiares en Estados Unidos, y podrán adaptarse a la libertad desayunando con certeza un “gallo pinto”, que es el arroz con frijoles que no falta nunca en la mesa nicaragüense.
Pude ver a Don Pedro Joaquín Chamorro, miembro del Directorio de La Prensa, con visibles signos de los efectos que el encierro carcelario provoca en una persona de 73 años, delgado y encorvado. Él fue recibido por su hija, quien vive en D.C. y llevado de inmediato a su residencia privada.
Miguel Mora, Jaime Arellano y Lucía Pineda Foto: Dagmar Thiel
Me impresionó mucho ver al comentarista político Jaime Arellano, un hombre que al iniciar su arresto era más bien obeso, ha bajado más de 50 libras y su salud se ha visto seriamente afectada por el encierro y la tortura. Un hombre locuaz que conducía programas políticos en la televisión y la radio de Nicaragua, tiene hoy en día muchas dificultades para hablar, que aparecieron junto a intensos dolores de cabeza y problemas en sus ojos. Al igual que otros viajeros del vuelo del destierro, a su llegada, fue llevado a un hospital para controlar su presión arterial y realizar exhaustivos chequeos.
Compartir durante días las vivencias de los refugiados en el hotel que el Departamento de Estado habilitó para otorgar el asilo humanitario y organizar la llegada de los presos de conciencia nicaragüenses, me permitió escuchar muchísimas historias de dolor y desgarro. Muy pocos quieren que se citen sus nombres, temen la extensión de la represión a otros. Y que, ahora que las cárceles se han vaciado, las llenen con sus familiares, como rehenes, o con sus amigos y conocidos.
Tardé algo en poder conversar con Miguel Mora, el fundador de 100% Noticias, quien había sufrido ya un primer encierro en diciembre de 2018, junto a Lucia Pineda. En junio del 2021 fue nuevamente encarcelado y condenado a 15 años de prisión por ‘menoscabo a la integridad nacional’. En la única entrevista que concedió, Miguel aseguró que tuvo una revelación divina que le anunció la liberación de febrero. Hombre de profunda fe, relató cómo la oración lo acompañó a él y a la mayoría de los detenidos. Miguel tiene una hermana en las cercanías de Washington y, una vez finalizados los trámites migratorios, se trasladó a su nueva residencia, para compartir, entre otros, con su madre, quien emprendió viaje inmediato para abrazarlo.
Sergio de la Diócesis de Matagalpa, Wilberto Artola y Manuel Obando Foto: Dagmar Thiel
Para los comunicadores de la arquidiócesis de Matagalpa, la arbitraria detención fue relativamente breve, en comparación con los trabajadores de medios de comunicación. Ellos fueron detenidos el 11 de diciembre, tras el cierre de decenas de radios católicas de Nicaragua. Manuel Obando Cortedano, director de medios de la Diócesis de Matagalpa y Wilberto Artola reportero del canal de televisión TV Merced, enfrentarán el destierro en Miami, junto a Monseñor Silvio José Báez y otros miembros de la perseguida iglesia católica de Nicaragua.
Walter Gómez, Marco Fletes y Pedro Vásquez Foto: Dagmar Thiel
También los perseguidos de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quienes fueron detenidos a principios de junio de 2021 y acusados de lavado de dinero, han recuperado su libertad. Walter Gómez, financiero de la institución, fue para Tennessee acogido por sus primas. El contador, Marco Fletes, fue recibido por amigos cercanos.
El chofer, Pedro Vasquez, a quien el encierro ha afectado mucho psicológicamente, no tiene familiares ni conocidos en el país y no sabe cómo saldrá adelante sin el idioma, sin conocer las calles de las ciudades y lejos de su campo y de su esposa. Pedro fue ubicado en una casa de acogida de la diáspora.
La periodista y directora de la extinta Fundación, Cristiana Chamorro, pasó todo su cautiverio bajo arresto domiciliario. Los breves minutos que la vi abrazar a sus hermanos y familiares, percibí su delgadez y el cansancio extremo del encierro. Fue la única vez que la vi, pues pasó alejada del centro de operaciones donde el Departamento de Estado atendió a todos los refugiados.
Para los periodistas y trabajadores de medios de comunicación por cuya integridad hemos abogado durante estos años, comienza un nuevo capítulo en su vida, provistos del apoyo de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y libertad de expresión, y forman parte de un grupo privilegiado de presos políticos, entre los que se encuentran candidatos presidenciales, activistas políticos, líderes empresariales y sindicales, o incluso banqueros, y exguerrilleros que lucharon junto a Ortega contra Somoza.
Pero la gran mayoría de desterrados no tienen referentes en EE.UU., nunca han subido a un avión, no saben el idioma y ni coqueteaban con “el sueño americano” que ahora les es impuesto. Son campesinos y estudiantes que fueron los primeros en levantar la protesta contra el Régimen en abril del 2018. Algunos de ellos son chicos que apenas sobrepasan los 20 años y han pasado ya una cuarta parte de su vida tras las rejas. Son mujeres y hombres, profesores, enfermeras, veterinarios, amas de casa, ciudadanos de a pie, que el odio sandinista puso un día tras las rejas y acusó de algún delito. Todos ellos abandonaron el hotel de acogida con bolsas cargadas con un poco de ropa donada. Pasan del encierro en celdas selladas al infinito cielo de los sin techo, sin saber cuándo podrán volver a su Nicaragua. Cuándo podrán abrazar a los suyos otra vez, ahora que el tiempo se extenderá aún más que los días de incertidumbre entre las esporádicas visitas familiares permitidas en los centros de tortura.