Desde que la COVID-19 golpeó a América Latina, la libertad de expresión se ha visto deteriorada. Fundamedios mira con preocupación las detenciones de ciudadanos por expresarse en redes sociales, la imposición de leyes que coartan derechos y la situación precaria de medios de comunicación que, debido a la inestabilidad económica, han dejado de informar por verse obligados a cerrar y/o eliminar sus ediciones impresas.
Por ejemplo, entre el 4 y 6 de abril, la Policía Nacional detuvo en Ecuador a dos ciudadanos por emitir opiniones críticas en sus plataformas digitales.
Rubén Ricardo S.C. difundió en la página de Facebook Dímelo Esmeraldas fotografías y videos que aseguraban que quienes atendían a los pacientes de COVID-19 lo hacían con bolsas de basura. Las autoridades lo detuvieron asegurando que el contenido causa “desinformación y mala imagen de una casa de salud”.
Wilmer Enrique A.V. también fue detenido por “delito de actos de odio, en torno a un video viralizado en redes sociales” en que afirma que la administración del presidente Lenín Moreno es una peste y “maldice” a una de sus ministras y a otras autoridades por el manejo frente a la pandemia. Horas después, ambos hombres fueron liberados.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió al tema en Twitter. “Tendremos que ser muy cuidadosos diferenciando los casos y no confundirlos con los de libre expresión”. Sin embargo, a Fundamedios le preocupa que los administradores de justicia, así como los responsables de precautelar la seguridad ciudadana desconozcan el alcance de la ley y procedan a detener, arbitrariamente, a personas por lo que publican en sus canales personales.
En Argentina, tras una investigación judicial por difusión de “noticias falsas”, la Dirección de Cibercrimen de Misiones realizó un “patrullaje virtual” cuyos resultados se concretaron en dos allanamientos: el primero en el domicilio de la Fundación Papa Francisco, ubicada en Oberá. Luego, otra casa en la misma localidad, a 95 kilómetros de Posadas, capital provincial. Allí encontraron a Alicia Raquel Arruda, miembro y líder de la fundación. El parte oficial es inquietante: «Conforme a tareas de Patrullaje Virtual se observa en la red social Facebook un perfil identificado como Alicia Arruda quien comparte una convocatoria para participar de un cacerolazo, atento a ello en forma inmediata se dio aviso al Juzgado en Turno, quien dispuso la ubicación de la persona y posteriormente se ejecutó allanamiento conforme a un exhorto Nro. 46/20 del Juzgado de Oberá».
En esa provincia son habituales los operativos denominados “patrullajes virtuales” para combatir la difusión de contenidos engañosos. Según recogen medios locales, han sido aplicados en la ciudad de Posadas, donde se detuvo a un hombre de 24 años. En la ciudad de Bernardo de Irigoyen se aprehendió a otro por la circulación de un audio con información falsa.
Pero estos procedimientos se han extendido en toda Argentina. En el país del sur ministros de Gobierno han justificado la vigilancia para “medir el humor en las redes sociales”.
La desinformación es un fenómeno que cala profundamente en la sociedad y detrás de estas estrategias suele esconderse el interés de generar pánico colectivo. Más en momentos de crisis como la que se vive en la región. Pero limitar el derecho a la opinión ciudadana, por más incómoda que esta sea, es igualmente crítico pues contraviene derechos fundamentales.
Sin embargo, es curioso ver, como en Argentina y Ecuador, dónde se ha producido estas detenciones, los gobiernos se han eregido en “fact-checkers” que a través de la agencia de noticias estatal, TELAM ¡, en Argentina o de la Secretraía de Comunicación de la Presidencia, SEGCOM, en Ecuador, dedican ingentes esfuerzos a detectar y calificar determinada información de FALSA, aunque siempre habrá la sospecha de falta de imparcialidad e intereses políticos en el medio.
Vemos con inquietud otras detenciones arbitrarias en la Región en contra de periodistas por informar sobre la crisis sanitaria. Desde que se iniciaron los contagios en América Latina, Venezuela suma siete detenciones a comunicadores. La de Darvinson Rojas ha sido una de las más cuestionadas por organizaciones de la sociedad civil.
Esto ocurrió el 21 de marzo cuando las Fuerzas Armadas Especiales (FAES) lo detuvieron y allanaron su casa en Caracas por, supuestamente, publicar información tendenciosa sobre la COVID-19. El periodista fue puesto en libertad 12 días después de ser llevado a tribunales sin legítimo derecho a la defensa.
El 29 de ese mismo mes, diez efectivos de la Policía Nacional peruana detuvieron arbitrariamente a Ralph Zapata, editor regional de Ojo Público, cuando estaba en su casa, en Piura. El periodista coordinaba un especial sobre el impacto de la pandemia. Los agentes lo increparon por publicaciones relacionadas al nuevo coronavirus.
En Perú, especialmente, las autoridades también han implementado leyes y acciones que contravienen la libre expresión. Lima aprobó la Ley 31012, el 28 de marzo, que exime de responsabilidad penal a la Policía y Fuerzas Armadas en caso de que provoquen lesiones o muerte. Esta normativa ha sido expedida en un contexto de emergencia sanitaria y toque de queda, lo cual también preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La situación en Bolivia también requiere elevar la voz alerta. En el país andino se asiste a un colapso de la prensa, pues existen periódicos que se han visto forzados a eliminar sus ediciones impresas que equivalen al 95% de su fuente de ingresos. Además, existe un millar de trabajadores que se beneficia directamente de esta actividad. Y, no menos importante, esto impacta en el derecho de la ciudadanía a informarse.
El 6 de abril, Marco Antonio Dipp, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), dirigió un oficio a la presidenta boliviana, Jeanine Áñez. En el documento solicita medidas urgentes ante una ineludible caída económica. Se prevé, que en el país andino, los periódicos dejen de circular en papel, en pocas semanas.
Pero lejos de atender la situación, el Gobierno boliviano aprobó el Decreto Supremo 4200 que, además de ampliar las medidas de cuarentena por COVID-19, incorpora una disposición que estipula que quienes desinformen o generen incertidumbre en la población serán sujeto de una denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública, lo cual tiene una pena privativa de libertad de 1 a 10 años de acuerdo al Código Penal boliviano. Según la organización Human Rights Watch, esta ambigüedad silenciaría opiniones y atentaría contra el derecho a expresarse.
El 14 de marzo, se admitió en Guatemala La Ley de Orden Público que plantea que, mientras duren los estados de emergencia, “los órganos de publicidad están obligados a editar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o agraven la situación, así como comentarios tendenciosos a las circunstancias actuales, el director será amonestado por la autoridad respectiva y en caso de reincidencia, podrá imponerse censura al órgano del que se trate”. Por otra parte, el Ejecutivo guatemalteco creó una campaña de desprestigio que incluyó que incluso el presidente Alejandro Giammattei rocíe en una cobertura a los periodistas con bactericida. En esa ocasión aseguró que se trataba de un líquido “antiperiodistas” y que, si pudiese, implementaría toque de queda para todos los medios. Esto motivó que más de 40 periodistas y organizaciones de la sociedad civil se pronuncien al respecto.
El Salvador, Venezuela, México y Ecuador han visto mermado el acceso a la información. Se reportan limitaciones en la entrega de datos, cierre de canales informativos, censura por parte de instituciones gubernamentales, lo cual afecta el desempeño de los reporteros.
La situación en Cuba no difiere. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) ha reportado que oficiales de la Policía Política citaron, interrogaron y amenazaron al periodista y director del medio de comunicación comunitario Amanecer Habanero, Osniel Carmona Breijo, si publica textos sobre la pandemia. “Te vamos a desaparecer por tiempo indefinido, de calabozo en calabozo sin que nadie conozca tu paradero”, fue una de las advertencias. Los ataques se han repetido contra otros reporteros.
Este inquietante paseo por la Región nos muestra signos, aquí y allá de que las condiciones para el ejercicio del periodismo y para la misma expresión de los ciudadanos. No es un secreto que los proyectos autoritarios han ido avanzando en la Región. A veces reclamando ser de izquierda otras blandiendo las banderas de la derecha política. Lo cierto es que en América Latina los autoritarios encontraron en el avance de la COVID-19 su momento ideal.
*Fundamedios es una ONG con sedes en Ecuador y EE.UU. que desde hace 13 años monitorea, protege y promueve la libertad de expresión en América Latina y en la comunidad del periodismo latino de los Estados Unidos.